MIRA QUE TE MIRO

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Mira que te Miro es una iniciativa regional de monitoreo social a los compromisos adoptados en el Consenso de Montevideo por la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe, realizada en 2013 en Uruguay. Un consenso histórico en el Sistema de Naciones Unidas porque esta región reconoce los derechos sexuales como derechos humanos proponiendo acciones que garanticen el goce de la salud sexual y reproductiva para toda la población, sin discriminaciones.

Compartimos información sobre la Plataforma Regional MIRA QUE TE MIRO.

Más información en www.miraquetemiro.org

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METODOLOGÍA, RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y MARCO DE ANÁLISIS

Las organizaciones socias de Mira que te Miro han diseñado e implementado un monitoreo social con el objetivo de mejorar la rendición de cuentas e impulsar el cumplimiento de los compromisos en salud y derechos sexuales y reproductivos asumidos en el Consenso de Montevideo (CDM). La metodología utiliza los compromisos del Consenso como base para el análisis sobre el avance de los mismos, haciendo énfasis en los pasos necesarios para alcanzar las metas establecidas en la misma. En esta iniciativa se entiende como monitoreo social la evaluación participativa por parte de la sociedad civil de las políticas y programas gubernamentales para asegurar que el gobierno cumpla con sus compromisos y ponga en práctica políticas y programas adecuados (Banco Mundial 2006). Esta herramienta implica un trabajo posterior de incidencia nacional para que, a partir de los hallazgos, las organizaciones socias participen activamente con los tomadores de decisiones y de esta manera impulsen las acciones necesarias para cumplir con estos compromisos.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Durante 2015, los socios regionales, en colaboración con un grupo de expertos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, desarrollaron las herramientas de monitoreo social. Se realizó una prueba piloto en México y Uruguay durante junio a agosto del 2015, por Iniciativas Sanitarias y Mujer y Salud (MYSU) en Uruguay, y MEXFAM y católicas Por el Derecho a Decidir-México en México. El programa piloto proporcionó importantes detalles sobre cómo mejorar la herramienta, la metodología, y la recopilación de datos antes del lanzamiento de la iniciativa a nivel regional a finales del 2016.

El monitoreo social se dividió en dos fases, 1) trabajo de escritorio en colaboración con dos facultades de derecho, Torcuato Di Tella de Buenos Aires, Argentina y University of the West Indes en Trinidad y Tobago y 2) trabajo de monitoreo implementado por organizaciones de la sociedad civil en los países participantes.

Primera fase: En colaboración con la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, Argentina y University of the West Indes en Trinidad y Tobago estudiantes de la Facultad de derechos, como parte de un curso de derechos humanos y bajo la dirección de un docente, realizaron una revisión inicial de legislación y políticas nacionales, completando los cuestionarios usando fuentes de información primaria. Los estudiantes limitaron sus fuentes a los documentos oficiales del gobierno, revisando la Constitución, Leyes nacionales, Políticas y Protocolos y otros documentos publicados por el gobierno y sus entidades.

Segunda fase: Los socios nacionales revisaron y validaron la información preparada en la etapa de trabajo de escritorio y completaron el resto del cuestionario con información pública e información proporcionada por las autoridades públicas. En muchos casos las organizaciones obtuvieron información primaria con pedidos de información pública y a través de entrevistas a actores clave en los ministerios relevantes y en otros tuvieron que recurrir a otros expertos con conocimiento de los temas bajo monitoreo.

MARCO DE ANÁLISIS CUANTITATIVO

Mira que te Miro utiliza los compromisos en salud y derechos sexuales y reproductivos del Consenso de Montevideo y los estándares técnicos de vanguardia como base para el análisis cualitativo, haciendo énfasis en los pasos necesarios para la implementación y cumplimiento de los compromisos establecidas en el Consenso.

A partir del análisis crítico de los criterios cualitativos establecidos en las áreas de evaluación se asignaron valores cuantitativos con base en un esquema común en todos los países para generar los porcentajes agregados generales y de cada componente y sub-componente.

  1. Componentes y sub componentes

Las distintas herramientas utilizadas buscan diagnosticar el nivel de cumplimiento con los compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo relacionados con los derechos y la salud sexual y reproductiva. Mira que te miro monitorea, analiza y compara legislaciones; política y estrategias; programas e información estadística nacional y regional en los siguientes componentes incluidos en el Consenso de Montevideo:

DERECHOS HUMANOS Y LAICIDAD

  • Derechos Sexuales y Reproductivos
  • Laicidad

EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD

  • Educación Integral en Sexualidad Escolarizada

ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

  • Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva
  • Atención especializada a víctimas de violencia de género
  • Servicios amigables para jóvenes y adolescentes
  • Acceso a servicios de aborto seguro
  • Prevención y tratamiento para VIH/Sida
  • Salud materna y parto humanizado
    • Prevención de mortalidad materna
    • Parto humanizado

RENDICIÓN DE CUENTAS

Para cada sub-componente se revisaron legislaciones; política y estrategias; programas e información estadística buscando información que evidencia la existencia de un marco legal y político adecuado.

Incluyendo:

  • Análisis del marco legal para evaluar el nivel de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y las limitaciones o barreras legales que impiden el goce de los derechos y el acceso a servicios.
  • Existencia y contenido de políticas públicas oficiales y estrategias relacionadas con cada tema.
  • Existencia de programas relevantes.
  • Existencia de esfuerzos de capacitación para proveedores de servicios.
  • Existencia y contenido de lineamientos y protocolos relevantes.
  • Existencia de un sistema de evaluación y/o denuncia.
  • Existencia de presupuestos focalizados y específicos.
  • Campañas y mecanismos de difusión de información.
  • Análisis del marco legal para evaluar la transparencia e acceso a la información.
  • Existencia de cifras y estadísticas para el monitoreo y toma de decisiones con base en información empírica.
  • Existencia de un mecanismo de rendición de cuentas y monitoreo sobre la implementación del Consenso de Montevideo.
  • Para el subcomponente de Laicidad, se utilizó el índice y metodología de laicidad propuesto por Roberto J. Blancarte (Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México (COLMEX)) y otros, con la intención de conocer la incorporación de la laicidad en los marcos normativos de los países y la relación con la garantía del ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de mujeres y niñas en la región.
  • Para la sección de currículos de educación integral en sexualidad usamos datos generados por UNESCO. Estos datos se generaron por UNESCO, aplicando la Herramienta de Revisión y Evaluación del Currículo de Educación Sexual para América Latina y el Caribe (SECRAT-LAC) a la malla curricular de cada país.
  1. Calculo de porcentaje general de avance por país

Para determinar el “porcentaje general de avance” de cumplimiento de los compromisos asumidos (PGA) se hizo un cálculo de la sumatoria de los componentes y subcomponentes de evaluación. El conjunto de componentes y subcomponentes suman 100 puntos en total, siendo este el máximo puntaje posible. Para determinar el valor de cada componente o subcomponente, asignamos puntos a cada uno según la cantidad de menciones en el Consenso de Montevideo. Temas como servicios amigables para jóvenes, aborto seguro o VIH que tienen dos medidas prioritarias con compromisos especificas relacionados, tienen un puntaje de 10 puntos. Mientras que temas como parto humanizado, que solo se mencionan en una medida prioritario en conjunto con compromisos relacionados a otro tema, tiene un peso menor. Para lograr un porcentaje de 100 por ciento en el PGA, un país necesita cumplir con los criterios de todas las componentes y subcomponentes.

Esquema de colores para valoración país, componentes y subcomponentes y rubros.

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ALERTA REGIONAL. Enfoque de género, diversidad sexual e identidad de género: retrocesos en el ámbito educativo en América Latina y el Caribe

La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) expresan su preocupación por las diferentes manifestaciones de retroceso que se vienen dando en nuestra región en lo que hace a la consolidación de una educación con un enfoque de género y diversidad sexual, así como frente a las diferentes manifestaciones de bullying homofóbico, afectando derechos fundamentales y restringiendo el derecho a la educación en condiciones de igualdad y sin discriminación.

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Observamos que varias expresiones conservadoras y del ámbito religioso intentan deslegitimar y negar el enfoque de género, desconociéndolo como categoría de análisis y categorizándolo como una supuesta “ideología de género”, incidiendo para que el mismo sea eliminado de los marcos legales y políticos, e incluso del ámbito educativo.

Observamos así que en Brasil se han retirado los términos “identidad de género” y “orientación sexual” del documento Base Nacional Común Curricular (BNCC). A su vez, sectores conservadores políticos y religiosos lideran la iniciativa llamada «Escuelas sin partido», promoviendo proyectos de ley orientados a prohibir en el ámbito educativo el abordaje de ciertas temáticas, entre ellas las cuestiones de género y orientación sexual, y enmascarando sus objetivos bajo la consigna de que la iniciativa se orienta a desalentar el adoctrinamiento ideológico (político, religioso o moral) por parte de docentes en las aulas. Esta iniciativa ya ha sido objeto de un pronunciamiento conjunto por parte de la Relatora Especial para el Derecho Humano a la Educación, el Relator Especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión  y la Relatora Especial para Libertad de Religión y de Creencia de Naciones Unidas (ONU), exigiendo al gobierno que los proyectos de ley sean revisados y se asegure su conformidad con el marco internacional de los derechos humanos y la Constitución Federal. Estos temas han sido objeto de cuestionamiento y recomendaciones también en el marco del Examen Periódico Universal (EPU)

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La elaboración en el ámbito del Ministerio de Educación de una guía que abordaba el tema de las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la escuela dirigida a docentes y que pretendía dar respuesta a un mandato de la Corte Constitucional de Colombia a fin de adecuar los manuales de convivencia escolar a diversidad sexual y no discriminación, generó enérgicas resistencias en Colombia. Por su parte, en Panamá se vienen presentando cuestionamientos al proyecto de Ley Nro. 61 sobre educación sexual, actualmente en debate parlamentario; y el Ministerio de Educación continúa haciendo esfuerzos, pese a las presiones y resistencias, para avanzar en el diseño e implementación de guías sobre educación sexual. En Honduras, se advierte un agravamiento del contexto de violencia y discriminación que enfrentan las personas de la comunidad LGBTI. En Paraguay a instancia de grupos conservadores, se retiró la palabra género de la nueva ley contra la violencia hacia las mujeres.

En Perú, se han dado fuertes cuestionamientos a la implementación del nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica por incluir  el enfoque de género, promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la construcción de la identidad de género y la educación sexual integral, además de haberse desplegado diversas acciones de comunicación y movilización, como por ejemplo la campaña “Con mis hijos no te metas”. Por su parte, asistimos a la reciente derogación parcial por parte del Congreso del artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1323 que había introducido una serie de reformas en materia de violencia de género, incluyendo como circunstancia agravante de responsabilidad penal de algunos delitos, cuando tuvieran base en la orientación sexual e identidad de género.

En los contextos de protestas estudiantiles, se han dado casos en que el hostigamiento por parte de las fuerzas policiales se agudiza o presenta características especiales, cuando se trata de estudiantes LGBTI, como ha sucedido en Chile y Honduras, por ejemplo.

En este contexto de retrocesos, debemos celebrar sin embargo en la esfera internacional la creación el año pasado de un nuevo mecanismo en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos, con el nombramiento del primer experto independiente de Naciones Unidas para la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. En el ámbito educativo, se destaca la adopción por parte del Ministerio de Educación de Chile de la Circular “Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación”, así como el documento “Diálogos Participativos de la Diversidad” y la Guía para el respeto, inclusión y convivencia LGBTI dentro de las escuelas.

Finalmente, debemos recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que dentro de la prohibición de discriminación por motivos relacionados con la identidad y expresión de género, se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de dicha identidad y garantizar de forma transversal el reconocimiento de la identidad de género en los distintos aspectos de la vida de la persona, y que el Estado debe brindar a cada persona la oportunidad de proyectarse libremente hacia los demás, acorde a su identidad de género y el derecho a ser reconocida en función de dicha identidad. Debemos tener presente a su vez, que en su informe preliminar sobre “Pobreza, Pobreza Extrema y Derechos Humanos en las Américas” de 2016, la CIDH destacó que la pobreza, discriminación y exclusión que afectan a las personas LGBTI en la región se relaciona con barreras para poder acceder a sistemas educativos seguros y de calidad; y que los Estados tienen la obligación de garantizar políticas de educación especialmente diseñadas para modificar patrones sociales y culturales de conducta, contrarrestar prejuicios y costumbres, y para erradicar prácticas basadas en estereotipos de personas LGBTI que pueden legitimar o exacerbar la violencia por prejuicio, instando a que adopten medidas para garantizar la continuidad de las personas LGBT en los sistemas de educación formal. Y más recientemente la CIDH ha condenado las alarmantes cifras de asesinatos de personas LGBT que ocurrido en la región en lo que va del año 2017.

En tal sentido, hacemos un llamado a toda la sociedad civil, autoridades estatales así como a los organismos y organizaciones de derechos humanos a enfrentar y combatir la discriminación y desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las personas LGBTI en nuestra región, a rechazar toda acción que promueva la violencia, la discriminación y el no reconocimiento de sus derechos,  exigiendo la adopción  de  las medidas necesarias para garantizar plenamente el derecho a la educación por su especial connotación para reafirmar todo el conjunto de derechos humanos y libertades fundamentales

Fuente: ILGALAC

«Prevención de la Infección por el VIH Bajo la Lupa», presentado por ONUSIDA

El informe alerta del incremento de nuevos contagios entre mujeres y homosexuales en América Latina, un fenómeno relacionado con el mayor índice de violencia y discriminación.

Por Luis M. Álvarez

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Mientras que en África el crecimiento del VIH está en declive, Latinoamérica experimenta una situación de estancamiento en el número de nuevos contagios de VIH. De esta manera, América Latina se aleja de cumplir con el objetivo de un desarrollo sostenible sobre la prevención del VIH/SIDA, según el informe Prevención de la Infección por el VIH Bajo la Lupa, presentado este miércoles, 29 de noviembre, en la ciudad de Panamá. «Nos estamos quedando atrás con diagnósticos tardíos y pocas políticas de información respecto a esta enfermedad», admite César Núñez, director de ONUSida, quien considera que la educación para la sexualidad es la mejor herramienta para combatir esta lacra y solicita a los gobiernos que incrementen los presupuestos destinados a la prevención.

«El crecimiento en el número de contagios se da en mujeres jóvenes y homosexuales hombres, que viven la misma situación de discriminación. La gente que es discriminada se esconde de la sociedad y no participa en programas de prevención (…). Nuestras estadísticas demuestran claramente que donde hay violencia hay VIH. Chicas que sufren violencia pueden tener un riesgo de VIH de 30 % a 50 % mayor que las que no sufren violencia. Más de 30 % de las mujeres jóvenes de América Latina relatan que han sufrido violencia física o sexual, esto es muy alto, es preocupante», advierte Luiz Loures, médico brasileño y director adjunto de ONUSIDA.

Según este informe, se producen aproximadamente alrededor de 120.000 nuevos contagios de VIH al año. Un tercio de las nuevas infecciones se produce en jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, mientras que el 64 % de los caso se dan en hombres que mantienen relaciones íntimas con otros hombres, trabajadoras sexuales, mujeres transexuales y personas drogadictas. El informe también revela que la zona de México y Centroamérica son las zonas en las que se registra un mayor índice de violencia contra las mujeres, un sector que afronta igualmente el problema de la falta de garantías en materia de salud reproductiva, llegando un 42 % a ser víctimas de discriminación en los propios centros de salud.

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Fuente: Universogay.com