CIDH culmina visita de trabajo a Bolivia

Washington D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a Bolivia del 14 al 17 de agosto de 2018, con el fin de realizar reuniones con autoridades y representantes de la sociedad civil, además de algunas actividades académicas. La delegación estuvo liderada por el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator para Bolivia, e integrada por personal técnico de la Secretaría Ejecutiva.

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Comisionado Francisco Eguiguren, Relator para Bolivia

La visita fue organizada en el contexto de la invitación de la Universidad Privada Boliviana (UPB) al Comisionado Eguiguren para dictar una serie de conferencias sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En esa oportunidad, la CIDH condujo con el apoyo del Gobierno una visita de trabajo al país, con el fin de realizar actividades de monitoreo, promover soluciones amistosas en el sistema de peticiones y casos, así como sostener reuniones con diferentes actores sociales.

La visita empezó con dos días de actividades en La Paz. Organizaciones de la sociedad civil, como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia; Fundación por el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés); Fundación Construir; Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia; UNITAS y Derechos en Acción tuvieron la oportunidad de reunirse de forma privada e independiente con el Relator Eguiguren. También se hizo una visita histórica a la Central Obrera Boliviana (COB). Asimismo, fueron organizadas reuniones privadas con actores relevantes del mundo político y académico boliviano, incluyendo dos ex presidentes del país, Jorge “Tuto” Quiroga y Carlos Mesa, los profesores Waldo Albarracín Sánchez de la Universidad Mayor de San Andrés, José Antonio Rivera Santibáñez de la Universidad Mayor de San Simón y el directorio de la UPB. El Comisionado  Eguiguren también sostuvo reuniones con el Vicepresidente Álvaro García Lineras, el Canciller Fernando Huanacuni Mamani y el Ministro de Justicia, Héctor Arce. Finalmente, el Comisionado Eguiguren dictó una conferencia en el auditorio de la Casa del Pueblo y una ponencia final en el edificio de la UPB.

En Cochabamba, el Comisionado Eguiguren se reunió con representantes de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia y visitó la sede de la Federación del Trópico de Cochabamba, donde sostuvo conversaciones con las Organizaciones del Pacto de Unidad. El Comisionado Eguiguren también se reunió con el Gobernador del Departamento, Iván Canelas, y con el Defensor del Pueblo de Bolivia, David Tezanos. Asimismo, dictó una conferencia en la UPB sede Cochabamba. Durante su estadía en Santa Cruz, el Relator participó de una plenaria en la sede de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia – Oriente, Chaco y Amazonia (CIDOB). Adicionalmente, el Relator se reunió con el Procurador General del Estado, Pablo Menacho; sostuvo una entrevista privada con representantes de las Plataformas 21F; y dictó una conferencia de cierre en la UPB.

En cuanto al sistema de peticiones y casos, el Relator Eguiguren  presidió dos reuniones de trabajo para facilitar el encuentro entre las partes, con el objetivo de sostener  un espacio de diálogo con el Estado boliviano, que permitiera avanzar en la búsqueda de consensos para la suscripción de acuerdos de solución amistosa en el Caso 13.316, Malkia Tudela, Luis Fernando y José Antonio Cantoral Benavides; y en la Petición 1186/09, Adela Villamil, en las que se pudo definir nuevos puntos de acercamiento y propuestas a presentarse próximamente para avanzar en las negociones. La CIDH valora los esfuerzos del Estado boliviano en la construcción de una política de búsqueda de solución amistosa ante el sistema de peticiones y casos individuales, la cual se ve reflejada en la participación del Estado en las reuniones de trabajo, como en el acercamiento respetuoso a las víctimas. La CIDH espera que estos esfuerzos se reflejen en el avance de rutas de trabajo que hagan posible llegar a soluciones de manera conjunta en la búsqueda de una reparación integral. De la misma manera, la CIDH valora la buena disposición y apertura expresada por los peticionarios para considerar medidas de reparación en el marco de acuerdos de solución amistosa de la CIDH. La Comisión continuará acompañando a estos procesos de solución amistosa.

La CIDH agradece la oportunidad ofrecida por la Universidad Privada Boliviana, la apertura del Gobierno de Bolivia para la realización de una agenda amplia y, en particular, a todas las personas que estuvieron presentes en las reuniones y aportaron informaciones relevantes para la Comisión. Los insumos recibidos serán importantes para fortalecer los futuros informes y decisiones de la CIDH respecto de Bolivia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Datos de contacto: 
Oficina de Prensa y Comunicación de la CIDH
cidh-prensa@oas.org

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CIDH otorga medidas cautelares para proteger niños y niñas migrantes separados de sus familias en Estados Unidos

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares el 16 de agosto de 2018 a favor de niños y niñas migrantes que fueron separados de sus familias como resultado de la implementación de la “Política de Tolerancia Cero”, en los Estados Unidos.

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La Comisión emitió dos resoluciones. Una refiere a una solicitud de medida cautelar presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la Procuraduría de Derechos de Guatemala, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, todas ellas Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, a favor de niños y niñas que permanecen sin ser reunificados. La otra, respecto de cinco familias en particular, refiere a una solicitud de medida cautelar presentada por Texas Civil Rights Project, the Women’s Refugee Commission, the Immigration Clinic of the University of Texas School of Law and Garcia & Garcia Attorneys at Law, P.L.L.C.

En sus resoluciones, la Comisión reiteró que de acuerdo con el principio de complementariedad, el Estado a través de las autoridades nacionales, es el principal responsable de proteger los derechos de las personas bajo su jurisdicción, en este sentido la jurisdicción internacional es “coayudante” o “complementaria”, sin que las sustituya. En el presente asunto, la Comisión ha dado seguimiento a la implementación de la política de “Cero Tolerancia” y anteriormente expresó su preocupación a través de un comunicado de prensa. Más tarde, la Comisión conoció sobre un posterior Decreto Ejecutivo firmado el 20 de junio de 2018, que habría evitado que continuara la separación de niños y niñas de sus familias migrantes. Asimismo, la Comisión fue informada que mediante la decisión del “U.S. District Court for the Southern District of California” (Tribunal del Distrito Sur de California, Estados Unidos)  de 26 de junio de 2018 se habían ordenado una serie de medidas dirigidas a facilitar la comunicación regular entre los niños y niñas con sus padres y lograr la reunificación en plazos específicos, el último venciendo recién el 26 de julio pasado.

Tras recibir ambas solicitudes de medidas cautelares, precisamente en vista del carácter complementario del sistema interamericano, la CIDH solicitó información al Estado en relación con los resultados que habría tenido las anteriores medidas respecto de la situación de riesgo de las personas propuestas como beneficiarias. El Estado presentó su última respuesta el 10 de agosto pasado.

Al emitir sus resoluciones, la Comisión notó que si bien el Estado informó haber dado pasos para la reunificación de los 2,551 niños y niñas que inicialmente fueron identificados, estando vencidos los plazos establecidos en la decisión del “U.S. District Court for the Southern District of California” (Tribunal del Distrito Sur de California, Estados Unidos), según su último informe aportado, permanecerían todavía 572 niños y niñas separados de sus familias en custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados. Asimismo, según lo informado por el Estado respecto de 410 niños y niñas, los adultos que los acompañaban se encontrarían ya fuera de los Estados Unidos.

La Comisión observó que el Estado no aportó información detallada sobre la situación específica de las personas propuestas beneficiarias y, sobre si la reunificación estaría efectivamente planificada en un corto plazo, ni sobre si existiría un cronograma o se hubiesen habilitado de manera efectiva medios de contacto. El Estado tampoco suministró detalles sobre las circunstancias particulares de las personas propuestas beneficiarias, estado de salud o condiciones de detención en que se encontrarían. De acuerdo con la información aportada, en algunos casos podría no ser posible lograr dicha reunificación y tales niños y niñas podrían terminar siendo entregados a  un patrocinador en los Estados Unidos.

En vista de lo anterior, la Comisión concluyó que los derechos a la vida familiar e integridad personal así como el  derecho a la identidad de los niños y niñas, propuestos como beneficiarios, se encuentran, en principio, en una situación de riesgo. Lo anterior, tomando en cuenta en su conjunto el grave impacto que resulta a tales derechos como  resultado de la pérdida del vínculo entre los niños y niñas con su familia biológica que podría producirse como resultado de la separación definitiva en ausencia de información concreta sobre su situación y posibilidades concretas de reunificación, incluso en algunos casos pudiendo ya haberse materializado una deportación en forma separada. Lo anterior, sumado al impacto emocional y psicológico que supondría la detención y la situación de incertidumbre en torno a la reunificación de las niñas y niños, en un momento determinante en el cual la familia juega un rol esencial para la formación de las personalidades e identidades respectivas.

En consecuencia, la Comisión solicitó a los Estados Unidos: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida familiar,  integridad personal e identidad de las personas propuestas  beneficiarias. En particular, garantizando que tales derechos sean salvaguardados mediante la reunificación de los niños y niñas con sus familias biológicas y atendiendo al interés superior de los niños y niñas; b) adopte las medidas necesarias para garantizar en forma inmediata mientras se realiza dicha reunificación, una comunicación adecuada, libre y regular de los beneficiarios con sus familias, conforme a su interés superior. Asimismo, con el objetivo de salvaguardar sus derechos, proporcionar la atención médica, psicológica y demás apoyos, incluidos los de naturaleza consular, así como facilitar interpretación en los casos que resulten necesario para que las personas beneficiarias puedan tener conocimiento de sus derechos y un adecuado entendimiento de su situación y destino; c) en el caso de que alguna o algunas de los padres hubiese sido deportada de manera separada de su hijo o hija, adoptar de forma inmediata las medidas necesarias en el marco de la cooperación internacional para asegurar dicha reunificación, teniendo en cuenta el interés superior del niño y los cuidados o apoyos  que sean necesarios; d)  suspender  todo procedimiento migratorio que tenga como consecuencia la separación de los niños y niñas de sus familias; y e) concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.

El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Declaración Americana y otros instrumentos aplicables.

En el marco del monitoreo de esta situación, la Comisión Interamericana solicitó a los Estados de México y de los Estados Unidos de América la realización de visitas a sus fronteras norte y sur respectivamente, con el objetivo de monitorear la situación de derechos humanos relativa a las condiciones de recepción en frontera, en particular a la luz de los principios de unidad familiar y el interés superior de la niñez.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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RedLacTrans. MUJERES TRANS EN ARGENTINA: NUESTROS DERECHOS HUMANOS CONTINÚAN SIENDO VIOLADOS

Desde la Red Latinoamericana y de Caribe de Personas Trans (RedLacTrans) denunciamos las situaciones de marginalidad extrema y violencia sistemática que, debido a la falta de garantías institucionales, recae sobre las mujeres Trans en Argentina.
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Los casos de violaciones a nuestros derechos humanos se reiteran diariamente en la vida de nuestra población y los crímenes de odio conforman la principal violación hacia nosotras.
Ante esta situación, solo encontramos una justicia ausente y exclusiva para un sector de la sociedad. Las barreras del estigma y la discriminación impiden que accedamos al sistema judicial tal como cualquier ciudadano/a argentino/a. Como atenuante de esta situación, los crímenes de odio hacia nuestra población son tratados como homicidios simples, sin contemplar la dimensión de odio por identidad de género ni la categoría de femicidio. Reclamamos que los crímenes de odio hacia las mujeres Trans no queden en meros archivos judiciales y sean esclarecidos a la luz de una justicia equitativa.

Desde 2012, tenemos la Ley N° 26.743 de Identidad de Género, pero no contamos con un presupuesto nacional para garantizar el cumplimiento de sus artículos y el acceso a una salud integral. A lo largo y ancho del país, evidenciamos una falta significativa de profesionales de la salud capacitados para llevar adelante los tratamientos y cirugías de reasignación de sexo. Exigimos al Estado Nacional y al Parlamento argentino que se establezca un presupuesto nacional para la Ley de Identidad de Género a los efectos de que todas las personas Trans gocen de los Derechos Económicos, Culturales, Sociales y Políticos.
La precarización de nuestras vidas se ve afectada por la falta de políticas públicas. Hace 2 años contamos con una Ley de Cupo Laboral Trans, pero debido a la falta de voluntad política de gran parte de los representantes del gobierno de turno, no han sido reglamentados. La pobreza extrema a la que nos vemos relegadas debido a no poder acceder al mercado laboral conforman una doble marginalidad que afecta negativamente a nuestras vidas. Ante la falta de acceso en el mercado laboral, el Estado Argentino criminaliza nuestra condición de mujeres Trans y nos expone, aún más, a la marginalidad extrema.
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Marcela Romero

Marcela Romero, Coordinadora Regional de la RedLacTrans, señaló que “En Argentina las mujeres Trans estamos sometidas a situaciones de violencia institucional y pobreza extrema. El Estado es el principal responsable de que estemos por debajo de la línea de la pobreza”. Denunciamos abiertamente el gran retroceso en materia de Derechos Humanos producto de la influencia de grupos fundamentalistas religiosos y movimientos anti-derechos en espacios de toma de decisión.

¡NI UN PASO ATRÁS!

 

CIDH expresa preocupación por las recientes políticas y medidas de migración y asilo de Estados Unidos

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18 de junio de 2018
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por las políticas y medidas de migración y asilo recientemente adoptadas por Estados Unidos. La CIDH condena la muerte de Claudia Patricia Gómez González, una indígena Maya-Mam de Guatemala de 20 años de edad, quien fue asesinada a tiros por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. Asimismo, la CIDH expresa su profunda preocupación por la nueva política migratoria conocida como “tolerancia cero” para disuadir la migración separando a niños y niñas de sus padres y madres, así como las recientes decisiones legales que restringen el acceso al estatuto de refugiado sobre la base de la violencia doméstica y de pandillas. La CIDH llama a las autoridades de los Estados Unidos a priorizar el respeto a los derechos humanos en sus políticas y prácticas.

Según información públicamente disponible, el 23 de mayo de 2018, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó contra un grupo de personas que él creía eran inmigrantes indocumentados en Río Bravo, Texas, cerca de la frontera con México. Como resultado, Claudia Patricia Gómez González recibió un disparo en la cabeza y murió. Claudia viajó a Estados Unidos desde Guatemala en busca de mejores oportunidades para trabajar y estudiar. La Comisión insta a las autoridades de Estados Unidos a llevar a cabo una investigación exhaustiva y proporcionar una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido.

La Comisión también expresa su profunda preocupación por la nueva política de “cero tolerancia” anunciada el 7 de abril de 2018, que establece que todas las personas que crucen la frontera ilegalmente serán procesadas. Debido a esta política, niños y niñas son separados de sus padres y madres y derivados a la Oficina de Reubicación de Refugiados, donde podrían ser entregados a un patrocinador adulto en Estados Unidos, una familia de acogida, o ubicados en un refugio.

La CIDH reafirma que niños y niñas tienen derecho a no ser separados de sus padres porque la detención nunca responde al interés superior del niño. La Comisión solicita a las autoridades de Estados Unidos que identifiquen a los niños migrantes que requieren protección internacional y no recurren a la privación de la libertad de los niños en ninguna circunstancia, incluso con el objetivo de garantizar la unidad familiar.

La CIDH reitera que el principio de no devolución contenido en el Derecho Internacional de Refugiados establece la prohibición de expulsar o devolver a personas cuyas vidas y libertades podrían estar amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política.

La Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora de la CIDH para Estados Unidos, destacó: “La migración irregular no es un delito. Los Estados deben tener en cuenta el interés superior del niño. La familia es la unidad fundamental reconocida en las leyes nacionales y el derecho internacional de los derechos humanos en todos los Estados democráticos, y está legalmente reconocida y protegida”.

El Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator de la CIDH sobre los Derechos de los Migrantes, declaró: “Si bien los Estados tienen derecho a establecer sus políticas de inmigración; las políticas, leyes y prácticas implementadas en materia de migración deben respetar y garantizar los derechos humanos de todos los migrantes, que son derechos y libertades que se derivan de la dignidad humana. Las políticas y prácticas de inmigración nunca pueden usarse como mecanismos para causar tratos crueles, inhumanos y degradantes, para separar familias, para atacar a niños y sus familias, o para poner en mayor riesgo las vidas de las personas que necesitan protección. Esto es simplemente inhumano e incomprensible”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

 

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CIDH saluda la aprobación del Protocolo para la investigación y litigio de femicidios en Argentina

COMUNICADO DE PRENSA

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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda la aprobación del Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios) por parte del Estado de Argentina. La adopción del Protocolo constituye un importante avance para la prevención, sanción y erradicación de la violencia basada en género contra las mujeres, niñas y adolescentes en el país. En el marco de sus funciones y de su mandato, la CIDH se pone a disposición del Estado su asistencia técnica para fortalecer el cumplimiento efectivo de las pautas propuestas en el Protocolo, apoyar en su difusión y compartir esta buena práctica con los países de la región.

De acuerdo a la información recibida, el Protocolo fue desarrollado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y aprobado por la Procuración General de la Nación el 28 de marzo de 2018. La Resolución General que lo aprueba recomienda su utilización a los y las fiscales nacionales y federales del país para la investigación y litigio de todos los casos de muertes violentas de mujeres. Se trata de una herramienta que ofrece a los y las integrantes del Ministerio Público Fiscal pautas de procedimiento con perspectiva de género, a fin de asegurar que su intervención se desarrolle de acuerdo a los estándares inter-americanos de debida diligencia en la materia.

El Protocolo abarca todas las etapas de acceso a la justicia, desde la investigación hasta la sentencia y tratamiento carcelario, y analiza la figura del femicidio, sus diferentes formas y contextos, contribuyendo a la comprensión y sensibilización de los y las operadoras de justicia sobre este tipo de crimen en miras a erradicar su impunidad. La Comisión destaca que el Protocolo aborda de forma específica las necesidades de todas las mujeres,  incluyendo de forma explícita a las niñas y adolescentes, así como a las personas LBTI, promoviendo así un enfoque de protección integral para dichas personas. Igualmente, la CIDH observa el esfuerzo realizado por el Estado en armonizar el Protocolo con los estándares interamericanos de derechos humanos y las recomendaciones emitidas por este organismo en materia de acceso a la justicia de las mujeres, y su adecuación al Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género -Protocolo ONU-, elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y ONU Mujeres.

“La creación de este tipo de instrumentos contribuye a visibilizar la grave situación de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y representa un avance positivo en los esfuerzos del Estado argentino por erradicar los patrones históricos de desigualdad y discriminación contra las mujeres” señaló el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator de país. “La protección del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia debe ser una prioridad para todos los Estados y la adopción de este tipo de medidas es una de las múltiples formas de garantizar su efectivo ejercicio”, dijo la Presidenta Margarette May Macaulay, Relatora de la CIDH sobre los Derechos de las Mujeres.

La Comisión exhorta al Estado a adoptar medidas necesarias para garantizar la difusión y efectiva implementación de este instrumento, incluso a través de la capacitación sistemática de los y las funcionarias encargadas de su aplicación y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones.

“La CIDH insta asimismo a los Estados de la región que aún no cuentan con un instrumento adecuado, a adoptar las medidas necesarias para asegurar que la investigación y litigio de todos los casos de muertes violentas de mujeres en razón de género cuenten con pautas con perspectiva de género en línea con las recomendaciones y estándares interamericanos en la materia”, dijo el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 119/18

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