Bolivia. Solicitan abolir el veto a donadores de sangre LGBT


El Defensor del Pueblo de Bolivia inicia acciones para la supresión del Decreto Supremo que prohíbe a la comunidad LGTB la posibilidad de donar sangre, lo que considera un acto de discriminación.

17-07-2013-donacion

Durante el Foro Seguimiento a las Políticas Públicas para Personas con Distinta Orientación Sexual e Identidad de Género, organizado el pasado 27 de junio para conmemorar el Día Internacional del Orgullo Gay, así como el Día de los Derechos de la Población con Orientación Sexual Diversa en Bolivia, ambos celebrados el 28 de junio, el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, anuncia que ha iniciado los trámites legales para revertir el Decreto Supremo 24547, de 1997, queprohíbe donar sangre a las personas homosexuales, bisexuales o transexuales.

«Se ha solicitado a la Ministra de Salud que instruya que el personal de salud de cualquier centro médico, público o privado, pueda recibir donaciones de sangre sin que exista de por medio obstáculos indebidos de orden legal, por cuanto la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación establece claramente las acciones de orden penal ante actos discriminatorios y, más aún, cuando estos provienen de parte de servidores públicos, sin que esto signifique que no se apliquen los protocolos correspondientes», manifiesta el Defensor del Pueblo.

Cuando en algunos países la prohibición se debe al temor al contagio del VIH, la promiscuidad parece ser la causa de la prohibición en Boliva debido al punto 1 del inciso D del artículo 16 del Decreto 24547, en donde se describe la comunidad LGTB como «promiscuos». Esta exclusión representa una exclusión no razonable y absolutamente discriminatoria, debido a que la promiscuidad se puede encontrar en cualquier tipo de orientación sexual y sea cual sea la identidad de género del individuo, por lo que no es exclusivo de homosexuales, bisexuales o transexuales el riesgo de transmisión del VIH por ese motivo concreto.

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David Tezanos Pinto, defensor del pueblo.

«El Estado tiene la obligación de garantizar a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta constitución, las leyes, convenios y tratados internacionales de derechos humanos», señala Tezanos Pinto.

Esta sería una de las acciones que el Defensor del Pueblo planea sacar adelante para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la comunidad LGTB. A través del Plan Nacional de las Diversidades Sexuales trabajará para que el Estado asuma su responsabilidad a nivel nacional, provincial y municipal, así como una efectiva inclusión laboral, educativa y cultural sin ningún tipo de discriminación, fomentando la creación de nuevas propuestas para combatir la homofobia, la transfobia y la bifobia con el objetivo de tener una sociedad con un cultura incluyente de respeto y equidad para todos.

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